La historia de Colombia
ha estado marcada por la sangre y el dolor, la violencia continúa siendo el
común denominador de las noticias nacionales y claro objetivo para la medición
de niveles de vulneración de derechos en el mundo, es conocido el aumento de
los delitos cometidos no solo en el marco del conflicto armado, sino aquellos
provenientes de las llamadas bandas criminales que según discutido concepto
oficial se catalogan como “delincuencia común”, aportando una importante cuota
a las alarmantes cifras de desapariciones forzadas, desplazamientos y de
homicidios, en este último rubro registrando 17.198 casos en el año anterior según el informe Global
Barden of Armed Violence’.[1],
sin contar con la alarmante cifra de 404 niños fallecidos de manera violenta
durante los primeros meses del año 2013[2].
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| Fuente: Rcnradio.com |
Violencia que además
se manifiesta en las inexcusables barreras para el acceso al sistema de
administración de justicia, que se traduce en la evidente desprotección hacia
sectores vulnerables como las mujeres y los menores y además se acompaña de
ausencia de información, capacitación insuficiente de funcionarios, por ejemplo
en casos de violencia sexual cometida en el marco de conflicto armado[3] o
en los escasos resultados en la investigación y juzgamiento de los más de 1300 eventos
de ejecuciones extrajudiciales, así como de asesinatos de sindicalistas,
defensores de derechos humanos y de líderes y lideresas en el proceso de restitución
de tierras[4].
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| Fuente: El Espectador.com |
Además no es para
nadie desconocida la gran brecha en los accesos a sistemas de salubridad,
educación, vivienda, salud, elementos básicos en un Estado que se precie de respetuoso
de los derechos humanos.
En departamentos como Chocó, Córdoba, Magdalena, Cauca y la Guajira se reportan niveles de pobreza que oscilan entre el 57.4 y el 64 por ciento, Así mismo, una tercera parte de la población de los departamentos de Chocó y Cauca padece de pobreza extrema[5].
En departamentos como Chocó, Córdoba, Magdalena, Cauca y la Guajira se reportan niveles de pobreza que oscilan entre el 57.4 y el 64 por ciento, Así mismo, una tercera parte de la población de los departamentos de Chocó y Cauca padece de pobreza extrema[5].
No obstante para
nuestras autoridades y en especial para su cabeza administrativa: “Colombia ha
avanzado lo suficiente para decir no necesitamos más oficinas de derechos
humanos de las Naciones Unidas en nuestro país”, respuesta apenas esperada ante las denuncias provenientes
de la oficina de la ONU para los derechos humanos con sede en Colombia ante la
reacción desmedida de la fuerza pública en la protesta del Catatumbo. Absurda
medida de cierre que luego de la presión mediática logro ser diferida un año, después
del cual en el mundo idílico de la canciller Holguín “nos graduaremos en
derechos humanos[6]”.
[1]Informe Global Barden of Armed
Violence. 2011-2012. Disponible en http://www.genevadeclaration.org/
[2]
Medicina Legal. reporte Violencia en menores de 18 años. http://www.medicinalegal.gov.co/index.php/oficina-de-prensa/640-entre-enero-y-mayo-de-2013-404-ninos-ninas-y-adolescentes-han-sido-victimas-de-homicidio
[3]Colombia:
Invisibles ante la justicia Impunidad por actos de violencia sexual cometidos
en el conflicto: Informe de seguimiento. Amnistía Internacional. Disponible en http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR23/031/2012/es/a722995e-36d6-4c1b-8dd4-154aa29d6cce/amr230312012es.pdf
[4]Reporte
Mundial de Human Rights Watch. 2013. http://www.hrw.org/es/world-report-2010/colombia-0
[6]
Declaración María Ángela Holguín. http://www.eltiempo.com/politica/mandato-de-oficina-de-dd-hh-de-onu-en-colombia-se-extenderia-un-ano_12934507-4
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