“La patria no es la tierra. Sin embargo, los hombres que la
tierra nutre son la patria”
En la convulsa historia latinoamericana,
Colombia se ha destacado como uno de los países con mayores índices de violaciones
masivas de derechos humanos en sectores rurales, afectando con mayor vigor en
personas en situación de franca vulnerabilidad: infantes, defensores de
derechos Humanos, indígenas, jóvenes y mujeres, desplazamientos forzados,
despojo de tierras y gamonalismos inveterados son algunos de los lastres aún
vigentes[1].
Los diálogos de paz de la Habana han
permitido evidenciar la necesidad de comprender la paz como un concepto
unificador e integral, donde la tierra es base fundamental, la mesa de
negociación que en inició implicaba solamente el cese del conflicto, ahora cobija
de manera indispensable el tema de la tierra, uno de los ejes principales de
constitución de la subversión hace más de 60 años.
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La “Reforma Rural Integral” concertada en la
Habana, se focaliza en tres ejes: acceso y uso de la tierra, política pública y
seguridad alimentaria. En el primero de ellos, se propone la creación de un
fondo de tierras para la paz facilitando los mecanismos de acceso a los esquemas de adquisición y utilizando
tierras baldías, en segundo lugar, se pretende regular los procesos de
planeación y aplicación de políticas Estatales rurales, aspectos como la salud,
agua potable vivienda y educación rural serán intervenidos, en procura de la
reactivación de la economía campesina, históricamente menospreciada. Finalmente
el acuerdo pretende incidir directamente en el logro de seguridad alimentaria, brindando facilidades para producción de alimentos
y mejoras en la nutrición en orden a la erradicación del hambre.
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La concertación en un tema tan complejo
merece elogios, sin embargo es indispensable aparejar una estricta y clara reglamentación fruto de
una discusión más amplia que vincule junto con los directos implicados en el combate, a las
víctimas, los campesinos, en suma a la sociedad
toda que en últimas será la afectada directamente por los resultados de dichos
compromisos, de su presencia activa, veedora y preparada para la asunción de un
país en post-conflicto depende el éxito de este primer acuerdo y de llegar a
lograrse del proceso de paz en su totalidad.
[1] Véase por
ejemplo el informe especial. Minería, Conflictos Sociales Y Violación De Derechos Humanos En Colombia.
Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por
la Paz (CINEP/PPP). 2012. Disponible en www.cinep.org.co.
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