Los últimos meses, han sido propicios para evidenciar los reales niveles de consolidación democrática en la región, más allá de discursos electorales y propuestas politiqueras. La democracia, aquel sistema político que en teoría privilegiaría la decisión consensuada extraída de la base social, ha sido menoscabada ante las presiones del poder, el dinero y la utilización conveniente de un cargo público, demostrando, la profunda debilidad institucional y la cada vez más acendrada falta de legitimidad de los gobiernos permeados por la corrupción y sumidos en imaginerías “populistas”, con altas cargas propagandísticas.
En Colombia por ejemplo, aún continúan las noticias sobre las alteraciones masivas de elecciones, patología severa en departamentos como el Valle. Pocos si son los reclamos ciudadanos ante la debacle electoral, y al cabo de algún tiempo, los mismos siniestros personajes otrora acusados de tráfico de influencias, siguen ocupando sus dignísimas curules; conducta diferente se ha presentado en México, la ciudadanía se ha alzado contra la elección dudosa y ensombrecida de supuesta nulidad de un candidato a la presidencia, demostrando la gran capacidad de los ciudadanos para manifestar su disgusto, denunciar y pronunciarse sobre las imposiciones verticales que desconocen la voluntad popular.
Paraguay por su parte, el tercero de nuestros Estados en conmoción, es ejemplo de la utilización de las instituciones “democráticamente constituidas” para el establecimiento atípico de un nuevo mandatario. No es posible, que utilizando la Constitución como bastón de castigo, se produzca una destitución ignorando las mínimas garantías de un vinculado a juicio, en especial el derecho de defensa y debate probatorio.
En vista de estos eventos, podemos indicar dos oportunidades claras: la primera de ellas, focalizada en los esquemas de integración regional, para determinar su real injerencia y madurez al enfrentar alteraciones democráticas de esta naturaleza, más allá de las declaraciones y la diplomacia de cumbres; y la segunda, direcciona hacia la sociedad y sus ciudadanos, en quienes reposa la obligación de construir un porvenir inclusivo, equitativo, justo, participativo y transparente, en suma un Estado realmente democrático.
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